Las entidades financieras se resisten a
abandonar las retrocesiones.


La adaptación a MiFID II está marcando significativamente la actividad del sector financiero en estos primeros meses de este año y todo apunta a que su presencia en la agenda de prioridades de las entidades se mantendrá bastante tiempo. Así se puso de manifiesto en el encuentro Banca Privada 2018 organizado por IKN y del que elAsesorFinanciero.com fue media partner.

Al analizar los puntos críticos de la nueva directiva y de su transposición a la legislación española, uno de los temas que sale en primer término es el de la elección entre asesoramiento independiente y no independiente. Y todo parece indicar que la gran mayoría de los actores implicados en la comercialización de productos financieros se están decantando por el asesoramiento no independiente; una elección que, según reconocen lo propios afectados, a priori, no encajaría demasiado con la filosofía de negocio de la banca privada, pero que, por diversas razones es la que mejor se adapta a la realidad del mercado.

Y en esa decisión tiene un peso importante el hecho de que, bajo determinados requisitos, con el asesoramiento independiente se pueden seguir percibiendo retrocesiones. Rosa María Pérez, directora de Organización de Alantra Wealth Management, quien afirma que esta situación es una realidad; “como mucho, algunas entidades han optado por ofrecer los dos tipos de asesoramiento, pero lo habitual es optar por el no independiente”. Señala que la tónica general es “cumplir con MiFID II, pero cambiando lo menos posible las bases de negocio”. Para Rosa María Pérez la clave de esta tendencia está, efectivamente, en el cobro de retrocesiones, porque los requisitos para poder percibirlas “no son difíciles de cumplir en banca privada, pues esos servicios de asesoramiento ya se venían prestando”.

El resultado, a su juicio, es que las entidades “van a seguir funcionando de forma muy parecida a como lo venían haciendo, aunque es muy posible que caigan los márgenes”. Opina que la resistencia al cambio obedece a que “creemos que, en general, el inversor para asumir el pago explícito por el asesoramiento. De hecho, cuando se les explica, la mayoría sigue optando por el pago implícito, aunque esto irá cambiando”. En este punto, señala a la fiscalidad como gran inconveniente para que se extienda el pago explícito por parte del cliente. “No es lógico que quien opta por el asesoramiento independiente tenga que asumir el pago de un 21% de IVA; parece como si el regulador normativo y el regulador fiscal estuvieran en distintas páginas del libro”.

Fernando de Roda, socio de Orienta Capital, coincide con la visión de Rosa María Pérez y cree que la normativa ha ido demasiado lejos: “me parece excesivo hasta qué punto se ha regulado; da la impresión de que en vez de informar al inversor el objetivo es descargarse de responsabilidad haciéndole firmar kilos y kilos de papeles”.

Valora positivamente, en cambio, los altos niveles de transparencia que exige MiFID II: “Para mí, este es el punto fundamental, porque el cliente conocerá el coste del servicio y si se producen conflictos de interés”.

Por su parte, Rosa María Pérez apunta que la aplicación de MiFID II “ha tenido una consecuencia evidente, que es la potenciación del producto propio. De ahí que asistamos a oleadas de creación de productos perfilados, aunque hay diferencia entre los diferentes modelos de negocio”. A su juicio, la banca más tradicional se decanta más por el servicio de gestión de carteras, porque resulta más ágil y elimina burocracia, mientras que a la banca privada esa opción le resulta menos atractiva, porque no le permite influir tanto en el destino de las inversiones de su cliente”.

Datos tomados de:
www.elasesorfinanciero.com


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